Las responsables del CNE sostienen que las maniobras dilatorias forman parte de un “patrón sistemático” destinado a “forzar la repetición de las elecciones”
Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, que lo preside, y Cossette López, advirtieron este lunes que no permitirán que se “fracture el orden constitucional” en Honduras y calificaron como “injerencia indebida” cualquier intento de la Comisión Permanente del Parlamento de pronunciarse sobre el proceso electoral de noviembre.
“El Consejo Nacional Electoral no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que se fracture el orden constitucional ni que se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas”, subrayan Hall y López en un comunicado.
Señalaron que el escrutinio especial de actas con inconsistencias, iniciado el pasado 18 de diciembre, se ha visto afectado por “conductas deliberadamente dilatorias y obstructivas” por parte de miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).
Estas conductas incluyen la paralización injustificada de labores, tiempos irrazonables en el procesamiento de actas, la anulación de documentos sin causa legal e incluso hechos de violencia en instalaciones institucionales, indicaron.
Hall y López sostuvieron que estas maniobras no son hechos “fortuitos ni aislados”, sino parte de un “patrón de conducta sistemático y coordinado” destinado a “impedir la emisión de la declaratoria electoral y forzar la repetición de las elecciones”.
“Resulta evidente a qué sector político beneficia este escenario de incertidumbre y desestabilización institucional”, apuntaron las consejeras, quienes recordaron que las atribuciones de la Comisión Permanente del Parlamento hondureño están “delimitadas” por la Constitución de Honduras y que cualquier actuación fuera de ese marco sería “inconstitucional e ilegal”.
El CNE declaró el pasado día 24 presidente electo de Honduras a Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional, quien es respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el 40,27 % de los votos, frente al 39,53 % de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 99,93 % de las actas escrutadas.
Señalaron, además, que el CNE se encuentra “dentro del plazo legal” para emitir la declaratoria oficial, por lo que la Comisión Permanente del Legislativo “carece de facultades” para pronunciarse sobre el proceso o la actuación de las consejeras, y que hacerlo constituye “una injerencia indebida” en la función electoral.
En caso de que el CNE no proclame los resultados definitivos a más tardar el 30 de diciembre, el proceso pasará al Parlamento, cuyo presidente, Luis Redondo, del partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró este lunes que la Comisión Permanente, que instaló el 31 de octubre, está “lista” para convocar al pleno y llevar a cabo un “conteo voto por voto” de las Juntas Receptoras de Votos.
Denuncian ataques de la Fiscalía y defienden su gestión
Hall y López denunciaron una serie de “ataques institucionales y personales” por parte del Ministerio Público (Fiscalía) y defendieron su gestión en “defensa del sistema democrático hondureño”.
Las consejeras acusaron a sectores de partidos políticos de haber “pervertido” el diseño del sistema electoral, concebido para garantizar “coparticipación, equilibrio y control cruzado”, al permitir un uso indebido de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento para paralizar y obstruir el escrutinio.
“Lejos de honrar ese mandato democrático, han secuestrado el proceso mediante el uso indebido de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, acreditando personas que, en lugar de cumplir la función legal para la cual fueron designadas, muchas de ellas han actuado de forma deliberada para paralizar, distorsionar y obstruir el escrutinio especial”, explicaron.
Alertaron que intentar trasladar al CNE la responsabilidad de estas acciones, con el objetivo de “impedir la declaratoria oficial”, constituye una “conducta irresponsable, contraria a la ley y atentatoria contra la voluntad soberana del pueblo hondureño”.
Las consejeras llamaron a los partidos políticos, a las misiones de observación nacional e internacional y al pueblo a permanecer “vigilantes ante cualquier nuevo atentado contra el proceso o quienes lo dirigimos”.
(Con información de EFE)
