El gobierno había dado de baja los controles externos en medio del vaciamiento y ahora los bancos internacionales obligaron a restablecer el servicio.
Cuando asumió, Milei le puso freno a los fondos destinados a la investigación científica que principalmente se financiaba con créditos internacionales; un esquema que se sostiene desde la década de los 90.
Las líneas que provenían desde el Banco Mundial y de distintos organismos multilaterales de créditos financiaban los programas para ciencias. Con el recorte del 78% del presupuesto y el vaciamiento de la Agencia de Investigaciones, esos fondos que recibió el país y no se utilizaron quedaron en el limbo.
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A través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación -Agencia I+D+i- se sostenía el grueso del financiamiento científico a través de estos créditos que son de afectación específica y los otorgó el BID, el BCIE o CAF. Luego de dar de baja los proyectos en curso del 2022 y la convocatoria del año siguiente, ahora el gobierno tuvo que apurar un nuevo llamado de proyectos a partir del 2 de enero pero por un pozo de un millón cien mil dólares para el financiamiento (ver abajo).
El monto no cubre las necesidades de la ciencia argentina. “Cincuenta millones de dólares es la diferencia entre tener ciencia o no”, dice Valeria Levi para derribar el argumento de que el vaciamiento a la investigación científica responde a una cuestión presupuestaria y que responde a un criterio ideológico. La SIDE consumió más de 100 mil millones de pesos en fondos reservados en 2025 y los seis F16 que llegaron de Dinamarca costaron 75 millones de dólares, comparan en el CONICET.
Además, en la comunidad científica quedó una duda suspendida en el aire: qué hizo el gobierno con la plata de esos créditos destinados a las investigaciones en curso desde el 2022 y de los proyectos 2023 que se evaluaron, se hicieron los contratos, pero nunca se les transfirió el dinero y desde que asumió Milei la Agencia quedó prácticamente cerrada. Hay dos posibilidades; los fondos quedaron congelados en las cuentas estatales o se desviaron, dicen los investigadores.
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Cuando los créditos son de afectación específica y no se utilizan para los fines establecidos, hay que devolver la plata. Fuentes del gobierno negaron a LPO que tengan que reintegrar el préstamo: “no hay que devolver nada porque se dieron de baja los PICT -Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica- y se dieron de alta a nuevas convocatorias que se financian con esos créditos del BID”, dijeron.
Lo cierto es que los científicos tuvieron que ir a la justicia para solicitar el acceso a la información pública porque la información que daban los funcionarios sobre el uso de los fondos era incompleta y el tema derivó en un recurso de amparo que llegó a la Cámara que le exigió al gobierno dar una respuesta detallada sobre el destino de la plata.
La directora de la Agencia I+D+i es Natalia Avendaño. Viene de la gestión de Guillermo Francos que antes de ser ministro de Interior de Milei fue director ejecutivo en el BID y Avendaño la responsable técnica del vínculo entre el gobierno argentino y los organismos internacionales y conoce muy al detalle las exigencias de los bancos.
Es por ello que además de apurar una convocatoria a nuevos proyectos, el gobierno aceleró la licitación para el servicio de control externo que exigen los organismos generando otra paradoja: En medio de la guerra abierta contra las universidades, donde los funcionarios y los ejércitos de trolls libertarios exigían auditorías, Toto Caputo daba de baja los contratos con las empresas que se ocupaban de auditar la aplicación de los fondos para la investigación.
Fernando Peirano estuvo al frente de la Agencia I+D+i y explicó que los programas internacionales cuentan por exigencia con dobles o triples auditorías de las cuales una debe estar a cargo de organismos externos.
De esta manera, los controles estuvieron a cargo de la SIGEN, la Auditoría General de la Nación que acaba de constituir sus autoridades en la revoltosa sesión en la que se aprobó en Diputados el presupuesto.
Lo cierto es que ahora el gobierno, por exigencia del BID, abrió una licitación entre tres empresas que ofrece el mismo banco: BDO, Baker Tilly y Deloitte, dijeron fuentes de Nación que hablaron con LPO.
