Mientras que los integrantes del Gabinete presionan para que se haga efectivo a partir del 1 de enero, en la mesa chica del Ejecutivo ponen un plazo más amplio. “Lo vamos a tener que hacer, pero de forma ordenada”, expresaron en Nación.
El Gobierno prepara un aumento de los sueldos de funcionarios para 2026 tras dos años de congelamiento. Mientras que los integrantes del Gabinete presionan para que se haga efectivo a partir del 1 de enero, en la mesa chica del Ejecutivo ponen un plazo más amplio. “Lo vamos a tener que hacer, pero de forma ordenada”, expresan en Nación.
En la Casa Rosada trabajan en las escalas y en el impacto de la medida en la opinión pública, que quieren evitar que coincida con el tratamiento del Presupuesto y de la reforma laboral en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. El llamado se realizó desde el 10 hasta el 30 de diciembre y está previsto que se amplíe desde el 15 de enero hasta fines de febrero.
En Balcarce 50 apuntan a un incremento salarial progresivo y solo lo harán si hay un incremento de la actividad que lo respalde. Las proyecciones del Ministerio de Economía contemplan una expansión anual del Producto Bruto Interno (PIB) al 5% para los años 2026, 2027 y 2028.
La última vez que el oficialismo avanzó con un aumento salarial terminó con el desplazamiento del exsecretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, y con la derogación de la medida. La firma la tiene ahora el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que tiene bajo su órbita a la subsecretaría de Modernización del Empleo Público, que preside María Rosana Reggi.
Mientras que el presidente tiene un sueldo bruto de más de $4.000.000, la vicepresidenta ronda los $3.700.000, los ministros los $3.580.000, los secretarios los $3.200.000 y los subsecretarios se ubican cerca de los $2.900.000. Los diputados cobran $7.000.000 y los senadores, $9.500.000.
Una de las quejas que mantienen los integrantes del gabinete es que la disposición salarial les complica el armado de equipos técnicos por el margen de diferencia que mantienen con el sector privado. La iniciativa ya fue elevada al jefe de Estado en otras ocasiones previo a las elecciones legislativas y fue rechazada.
En el Gobierno reconocen ahora que el planteo será contemplado, pero evitan poner una fecha para su aplicación. La decisión es de Javier Milei y la articulación depende de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El Ejecutivo insiste en que también profundizará a la par el ajuste en el Estado durante 2026 para sustentarlo. Según datos oficiales, el Ejecutivo ya redujo durante los primeros veinte meses de gestión más de 53.000 puestos de trabajo, que equivale al 10% del personal y -según la proyección de Desregulación- generó un ahorro anual de US$2106 millones.
