La expresidenta cuestionó las medidas del juez Jorge Gorini en la causa Vialidad y pidió que se reviertan los límites impuestos durante su arresto domiciliario.
Cristina Kirchner apeló las restricciones que el juez Jorge Gorini impuso a su régimen de visitas y al avance sobre sus propiedades en la causa Vialidad. La presentación también incluyó a Máximo y Florencia Kirchner. Según la defensa, el fallo carece de fundamentos sólidos y deberá ser revisado por Casación, que aún no definió su postura.
Apelación por las visitas y cuestionamiento a las medidas
La apelación de Cristina Kirchner se centró en dos decisiones tomadas por el juez del Tribunal Oral Federal Jorge Gorini. La primera cuestionó la ejecución de propiedades dispuesta en el marco del decomiso dictado por la causa Vialidad. La segunda objetó la resolución que restringió el régimen de visitas en el departamento donde la exmandataria cumple arresto domiciliario.
El fallo limitó las visitas a dos horas, dos veces por semana, con un máximo de tres personas por encuentro. Según el magistrado, la medida respondió a la necesidad de mayor orden y prudencia luego de una reunión con nueve economistas, considerada por el Tribunal como una “provocación política”.
La defensa de Cristina Kirchner sostuvo que esa interpretación fue desproporcionada y que el régimen anterior permitía un funcionamiento más razonable dentro de las restricciones propias de su situación judicial. Por eso, solicitaron que la Cámara Federal de Casación Penal revierta la decisión y retome el esquema previo.
El decomiso y la disputa por las propiedades
En paralelo, la familia Kirchner presentó otro escrito para rechazar el avance sobre una veintena de propiedades vinculadas al decomiso ordenado en la sentencia de Vialidad. El Tribunal estimó que estos bienes servirían para cubrir una suma cercana a los 685.000 millones de pesos.
El planteo remarcó que la ejecución no debería avanzar mientras existan recursos pendientes y que la medida afecta derechos patrimoniales aún en discusión. La defensa insistió en que el decomiso todavía no está firme y que la ejecución anticipada podría generar perjuicios irreversibles.
El Tribunal, por su parte, sostuvo que los plazos legales permiten avanzar en esta etapa y que los bienes deberán pasar a la órbita de la Corte Suprema una vez cumplido el proceso previsto por la normativa vigente. Ese paso forma parte del procedimiento habitual en casos donde se ordena el decomiso de activos relevantes.
Lo que espera la defensa y los próximos movimientos
Los representantes de Cristina Kirchner confían en que Casación revise ambas resoluciones. Consideran que las restricciones al régimen de visitas no se ajustan a criterios razonables y que la ejecución de bienes requiere un análisis más profundo. La Cámara aún no fijó fecha para tratar los recursos, aunque fuentes judiciales anticipan que el trámite podría resolverse en las próximas semanas.
Mientras tanto, la situación mantiene en tensión a la familia Kirchner, que busca frenar el avance patrimonial y recuperar el régimen de visitas previo. El Tribunal, en cambio, sostiene que actuó dentro del marco legal. El escenario queda ahora en manos de Casación, que deberá definir los pasos a seguir en un expediente que sigue sumando capítulos.
