La Casa Rosada busca unificar los procesos, tiempos, interlocutores y dictámenes para que las modificaciones se logren aprobar este mes.
El Gobierno busca sancionar la reforma del Código Penal en diciembre y quiere impulsar la creación una comisión bicameral para acelerar su tratamiento en el Congreso. Se trata de una de las principales prioridades del Ejecutivo para las sesiones extraordinarias -que convocará desde el 10 hasta el 31 de diciembre- junto al Presupuesto 2026 y la reforma laboral.
La estrategia de la Casa Rosada se basa en unificar los procesos, tiempos, interlocutores y dictámenes para evitar tratamientos diferentes en la Cámara de Diputados y en el Senado. Nación busca lograr un acuerdo en ambas cámaras para eludir modificaciones en el proyecto, que dilaten su votación.
En los distintos sectores de la mesa política de Balcarce 50 coinciden con la intención de promoverlo, pero advierten que hay diferencias sobre cómo articularlo. Hay dudas sobre si requiere una votación en las cámaras o si se puede oficializar a través de una resolución de cada cuerpo legislativo. “Estamos definiendo la mejor alternativa. También lo podemos aplicar para otras reformas”, agregan.
El artículo 104 del reglamento de la Cámara Baja indica que se podrá designar o autorizar al presidente para que “nombre comisiones especiales que dictaminen sobre ellos”. El artículo 84 de las normas del Senado dispone que se puede “aceptar de la Cámara de Diputados o proponerle a esta, la creación de comisiones bicamerales o bicamerales mixtas para el estudio de materias de interés común o cuya complejidad o importancia lo hagan necesario”.
Los encargados de llevar las negociaciones legislativas por el oficialismo son el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Bullrich -que quedó a cargo del bloque de LLA en el Senado- y el ministro del Interior, Diego Santilli. Nación mantiene contactos con gobernadores y representantes de bloques aliados para lograr una mayoría parlamentaria.
Javier Milei presentó la iniciativa que promueve cambios en el régimen penal antes de las elecciones legislativas de octubre y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron este lunes su envío al Congreso. El proyecto eleva las penas y apunta a asegurar la efectividad del cumplimiento en un 82% con prisión efectiva.
El texto también introduce figuras sobre los delitos vinculados al narcotráfico menor, la trata de personas y la corrupción, con el objetivo de unificar criterios y facilitar la aplicación práctica por parte de jueces y fiscales. En materia de terrorismo y crimen organizado, tipifica con mayor detalle la financiación, logística y colaboración con grupos ilícitos.
Abarca además la implementación del Sistema Acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad. Otro eje central es la ampliación del listado de delitos imprescriptibles. La iniciativa alcanza al homicidio simple y agravado, el abuso sexual en todas sus formas, el grooming, la pornografía infantil, la trata, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y su financiamiento, entre otros. Incluye también nuevas restricciones a la liberación anticipada.
