Los diputados nacionales por el Chaco, Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva, presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone la derogación del Decreto 462/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado el pasado 8 de julio. El mismo había dispuesto la disolución o modificación de organismos estratégicos para el desarrollo productivo, científico y tecnológico del país, como el INTA, el INV, el INTI, el INPI, el INAFCI y la agencia ARICCAME.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que el decreto presidencial “altera y modifica sustancialmente organismos y competencias indispensables para la ejecución de políticas públicas centrales para el desarrollo del país”. En ese sentido, destacan la importancia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como actor clave desde 1956 en la investigación, extensión y transferencia tecnológica al sector agropecuario.
También remarcan el rol del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), creado en 1954, como garante de la calidad, trazabilidad y regulación del vino argentino, una actividad económica y cultural de peso en Cuyo, NOA y Patagonia. “El INV no sólo protege al consumidor y al productor, sino que es esencial para la promoción internacional del vino argentino”, sostienen los autores del proyecto.
Pedrini en el Inti
Pedrini se reunió con trabajadores del Inti-Chaco en la sede del Parque Industrial de Barranqueras a quienes les explicó los alcances del proyecto y llevó “nuestra solidaridad al personal agredido por políticas de Milei”. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es un ente autárquico argentino que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, cuya misión es acompañar e impulsar el crecimiento de las pymes argentinas, promoviendo el desarrollo industrial federal mediante la innovación y la transferencia de tecnología
Recursos y defensa del campo
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la restitución de todos los recursos —humanos, financieros, documentales y materiales— a sus respectivas jurisdicciones previas a la entrada en vigencia del decreto. Además, suspende cualquier proceso de transferencia de activos, funciones y personal iniciado desde la firma del decreto, y ordena la reversión de los actos administrativos derivados del mismo.
La iniciativa también defiende la continuidad del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), al que se considera una herramienta clave para garantizar derechos y asistencia al sector más vulnerable del campo argentino. “Este organismo cumple funciones que ninguna otra agencia estatal puede cubrir, con fuerte presencia territorial y un enfoque participativo e intercultural”, explican los legisladores.
Otro punto que destacan es la necesidad de preservar el trabajo realizado por la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), así como políticas públicas sensibles como la investigación del cáncer y el acompañamiento a pacientes. Aseguran que su continuidad no solo es una cuestión sanitaria y social, sino también de sostenibilidad económica a largo plazo.
Pedrini, Chomiak y Leiva advierten que bajo la excusa de una “mejor eficiencia del Estado”, el Decreto 462/2025 en realidad promueve nuevas estructuras administrativas costosas e innecesarias, trasladando funciones al Ministerio de Economía en forma discrecional. Según afirman, esto podría derivar en litigios judiciales, conflictos de competencia y pérdida de derechos laborales.
Finalmente, el proyecto subraya la urgencia de aprobar esta ley para garantizar seguridad jurídica, preservar las políticas públicas consolidadas y proteger a miles de trabajadores afectados. “No se puede hablar de federalismo mientras se desmantelan organismos que dan respuestas en todo el país. Necesitamos fortalecer, no destruir, lo que ha costado décadas construir”, concluyen los autores.
