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Aída Ayala fue absuelta en el juicio oral por fraude contra la administración pública

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La resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pone fin a una investigación iniciada en 2011 por una denuncia del por entonces bloque de diputados de la Alianza Frente de Todos (UCR y aliados). El organismo que conduce Gustavo Leguizamón determinó que la adjudicación de salas de juego en Castelli fue válida y ajustada a derecho.
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El Tribunal Oral Federal de Resistencia absolvió a la exsecretaria de Municipio del Ministerio del Interior de la Nación, Aída Ayala, en el juicio oral al que llegó acusada por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. La misma decisión recayó sobre Matías Balmaceda Paiva y Miguel Angel Vilte, quiénes fueron acusados como partícipes necesarios por el mismo delito.

Por otro lado, el exintendente de Quitilipi y denunciante en la causa, Sergio Casalboni, fue sobreseído por prescripción del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La parte resolutiva del veredicto fue leída por el presidente del TOF, Juan Manuel Iglesias, quién estuvo secundado por sus pares Jorge Gallino y Fabián Cardoso. El 4 de agosto, a las 12, se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.

En diálogo con LITIGIO, el fiscal general Federico Carniel anticipó que cuando se conozcan los fundamentos recurrirá el veredicto ante Casación. Cabe recordar que durante su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que el caso debía ser declarado como “un caso de corrupción” y había solicitado una condena a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para Ayala.

Ayala y los otros imputados fueron juzgados por hechos que tuvieron lugar en el año 2016, cuando la exintendenta de Resistencia se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri.

A la exfuncionaria nacional se la acusó por el presunto direccionamiento de la contratación con el municipio de Quitilipi a través de Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte (dos personas de su confianza contratadas por el Municipio) para la compra de herramientas y maquinarias con precios más elevados que los establecidos por el mercado a la empresa Service Hogar, del empresario Claudio Toloza.

LITIGIO

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