Los equipos técnicos de la Casa Rosada están trabajando para oficializar la apelación del fallo de Preska “lo antes posible”, pero no dan precisiones sobre la fecha. Insistirán por la vía judicial “hasta las últimas consecuencias”, dicen.
El Gobierno descarta presentar garantías ante la Justicia de los Estados Unidos para avanzar con la apelación del fallo que ordena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del proceso. El Ejecutivo asegura que insistirá con el rechazo a la decisión de la jueza Loretta Preska a través de la vía judicial hasta “las últimas instancias”.
“No vamos a pagar de ninguna forma y vamos a utilizar todos los recursos para ganar el juicio”, expresan en Nación. Dicho de otro modo, quieren evitar pagar la indemnización por US$16.100 millones y no transferirán el 51% de las acciones que Preska solicitó.
La Casa Rosada no da precisiones sobre la fecha en la que presentará la apelación del fallo, pero los equipos técnicos están trabajando para oficializarlo lo “antes posible”.
En Balcarce 50 sostienen que no están preparando un esquema de pago con los fondos Burford y Eton que incluyan activos o dólares. La mesa política del presidente descarta además tomar deuda para cumplir con la sentencia. “No vamos a usar recursos que puedan complicar las cuentas para pagar”, agregan.
El documento de apelación está a cargo de la Procuración General del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla. El abogado se reunió esta tarde con el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, para coordinar la estrategia jurídica y discursiva del oficialismo, que cruzó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo culpó por la estatización de la empresa.
El encuentro se realizó luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezara una reunión con la mesa chica de Nación, que integran Caputo; el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Javier Milei presidió temprano una reunión de Gabinete.
El fallo de Loretta Preska dispuso: “Se concede la moción de los demandantes. La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruirá a BNYM a iniciar la transferencia de la participación de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir del día en que las acciones se depositen en la cuenta”.
La definición de la jueza del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York se efectivizó mientras siguen sin resolverse las apelaciones por su decisión anterior que se tramitan en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La Argentina y Burford buscan la revisión del fallo de primera instancia. Mientras que el Estado argentino quiere que se revierta la sentencia, los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización.
La Casa Rosada le expresó a su equipo de abogados que retrasaran todo el tiempo posible el pago adjudicado por la Justicia de los Estados Unidos. Se trata del mismo esquema que aplican para todas las demandas contra la Argentina: apelar, solicitar la suspensión de los efectos e impulsar que un nuevo tribunal defina sobre el conflicto.
