La resurrección de la causa Correo tras el rechazo de la Corte a la recusación de los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico detonó en el radicalismo de Córdoba, ya que los focos de la causa volvieron a posarse sobre Oscar Aguad y su mano derecha en términos jurídicos, Juan Manuel Morocoa, quien es además el apoderado del partido que comandan Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo.
Aguad, por su rol de ministro de Comunicaciones de Mauricio Macr, y Mocoroa, por ser el director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, fueron imputados, aunque no están procesados. En 2016, Mocoroa y Aguad, en una audiencia del Estado y la familia Macri (en el marco de las deudas de Correo Argentino), aceptaron el pago de una suma que ascendía en ese entonces a 555 millones de pesos.
La fiscal Gabriela Boquín dijo en su momento que la oferta aceptada era “abusiva e implica un perjuicio fiscal (que) perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Para la Procuración, la cifra indexada de la deuda de los Macri con el Estado era 4,7 mil millones, y proyectó que el Estado dejaría de percibir 70 mil millones de pesos.
Cuando el fiscal Gerardo Pollicita citó a Aguad y Mocoroa a indagatoria, dijo que el acuerdo entre el Ministerio de Comunicaciones y los delegados de los Macri “fue espuriamente concebido” y “buscó beneficiar a la empresa concursada”. En la indagatoria, Aguad negó cualquier delito, dijo que su intención fue impedir que la deuda se siga licuando y pidió ser absuelto. Ariel Lijo no ordenó procesamientos y la causa quedó en los anaqueles, hasta ahora.
Al margen de los vericuetos del expediente, con los focos nuevamente sobre la Causa Correo quedan apuntados Aguad y el actual apoderado del radicalismo, Juan Manuel Mocoroa, quien por estos días debe dar legalidad a los actos de convocatoria a la interna para definir candidatos a diputados.
El deloredismo intenta que la interna se dilate y se vuelva materialmente imposible de realizar, lo que le permitiría al Congreso partidario, controlado por De Loredo, fijar alianzas y candidaturas; mientras que los opositores internos al jefe radical buscan blindar al radicalismo de un acuerdo con La Libertad Avanza y acorralar a De Loredo en la negociación por las listas de este año, una forma de comenzar a condicionar el armado para 2027.
Es casi imposible para el radicalismo cordobés cuestionar a la misma Corte que viene de poner presa a Cristina Fernández, hecho que fue celebrado a coro. De hecho, Loredo, cuestionó “el silencio institucional” del peronismo cordobés respecto de la detención de Cristina y dijo que no hay una “doble vara” en las causas por corrupción en las que es investigado el Gobierno de Macri.
Un último apunte. Como contó LPO, el socio de Mocoroa en el estudio jurídico, Juan Manuel Galli, está integrado a la Secretaría General de la Presidencia, como subsecretario Legal de Karina Milei. Galli pertenece a la estructura de Ferrer y De Loredo. Ambos negaron que la llegada de Galli a LLA haya sido en el marco de un acuerdo político, sino que fue contactado como un “cuadro técnico”. El propio Galli le dijo a LPO que lo suyo “no es la política”. Quizá esa afirmación deba ser revisada.
