La cooperativa cultural Sala 88, con el apoyo de salas independientes de la provincia del Chaco, grupos de teatro, actrices, actores y la diputada provincial Mariela Quiros, presentaron un amparo judicial contra el Decreto 345/2025, en defensa de la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800 y del funcionamiento democrático y autárquico del Instituto Nacional del Teatro (INT).
La acción judicial denuncia que el mencionado decreto excede las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley 27.742 (Ley Bases), configurando una maniobra encubierta e impropia de disolución del INT y una modificación encubierta de la Ley Nacional del Teatro, sin intervención del Congreso.
“Gracias al INT pudimos construir la Sala, mantenerla y reconstruirla luego de un incendio. Con cada peso rendido y devuelto generamos producción, enseñanza y trabajo”, expresó la licenciada Rocío Blotta, titular de Sala 88.
El Decreto 345/2025, lejos de limitarse a lo autorizado por la Ley Bases —cuyo artículo 3 prohíbe expresamente disolver organismos vinculados a la cultura—, deroga 21 artículos clave de la Ley 24.800, despojando al INT de su régimen de autarquía y amenazando su continuidad como institución federal.
“En la Sala trabajan 30 personas de forma constante, más los artistas que pasan cada fin de semana. Damos 15 talleres a más de 300 alumnxs. El INT es fundamental para sostener una sala en condiciones”, agregó Blotta.
Desde La Máscara Teatro, el director Rubén Leyes también manifestó su rechazo. “Este decreto implica un grave retroceso. La Ley 24.800 no es solo una norma: es el resultado de una conquista histórica del movimiento teatral independiente, que reconoce al teatro como herramienta de identidad, educación y transformación social”.
Por su parte, la diputada provincial y gestora cultural Mariela Quirós, quien viene acompañando de forma activa y sostenida al sector teatral en su defensa, expresó: “La cultura federal se vive, se defiende y se sostiene con políticas públicas. Cuando se desfinancia el teatro, se precariza el arte, se debilita la democracia y se empobrece la cultura. No es solo el telón lo que cae cuando se recorta el presupuesto. Caen proyectos, trabajos y espacios de construcción de comunidad. Ese es el plan de este gobierno”.
“El decreto no solo ataca la estructura institucional del INT, también pone en jaque su capacidad de fomentar la producción teatral, generar empleo y garantizar el acceso igualitario a la cultura. Es un golpe directo a la cultura como derecho y como motor de comunidad”.
El amparo solicita:
El dictado urgente de una medida cautelar que suspenda la aplicación del Decreto 345/2025 hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La declaración de inconstitucionalidad del decreto, por violar la Ley 24.800, el principio de legalidad y la autonomía del INT.
La garantía de la plena vigencia del régimen de autarquía y del funcionamiento democrático del Instituto Nacional del Teatro.
La presentación advierte que, de no frenar este avance, se consolidarán actos de imposible reparación posterior, afectando los derechos de trabajadores y trabajadoras culturales y de la sociedad en su conjunto.
El teatro independiente no se vende ni se rinde. Es parte del entramado que sostiene la vida cultural del país, especialmente en los territorios donde el acceso al arte y la cultura es fruto del esfuerzo colectivo.
