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CHACO San Bernardo del hospital a la calle, el estado abandona a un trabajador

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La resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pone fin a una investigación iniciada en 2011 por una denuncia del por entonces bloque de diputados de la Alianza Frente de Todos (UCR y aliados). El organismo que conduce Gustavo Leguizamón determinó que la adjudicación de salas de juego en Castelli fue válida y ajustada a derecho.
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“Nunca hago estas cosas, pero la bronca y el dolor me invaden.”

Con esa frase comienza la denuncia pública de una familia chaqueña que hoy atraviesa uno de los golpes más duros de su vida. Su esposo, con 28 años de servicio en un hospital público (20 de ellos como planta permanente), fue dejado sin sueldo ni respuesta por parte del Estado, bajo el argumento de “no presentarse a trabajar”.

Lo que no se menciona en los papeles oficiales —y que esta familia hoy se anima a contar— es que el trabajador padece una adicción y está bajo tratamiento, con internaciones psiquiátricas previas y licencias médicas que misteriosamente no figuran en los registros del hospital. A pesar de haber entregado los papeles correspondientes, la institución no reconoció su situación de salud mental. El resultado: 10 meses sin cobrar un peso.

“Dicen que él quiere cobrar sin trabajar. Hablan sin saber lo que atravesamos como familia. Lo apuntan como ñoqui cuando en realidad está enfermo… y esa adicción, dicho sea de paso, la adquirió en ese mismo lugar donde trabajaba”, denuncia su esposa, con la voz quebrada pero firme.
La familia no buscó escándalos. Esperaron, confiaron, pidieron ayuda en silencio. No quisieron politizar ni judicializar, porque son —según sus palabras— “gente honesta que cree en el trabajo”. Pero después de casi un año sin ingresos, decidieron hablar.

Ariela Krawiec manifesto “Duele más que su propio partido lo haya dejado afuera. Duele más saber que a nadie le importa. Todos ya tienen lo que quieren. Nosotros no pedimos privilegios, pedimos justicia.”

Mientras los funcionarios levantan discursos sobre la inclusión y la salud mental, una persona con una enfermedad diagnosticada fue abandonada por el sistema que debería protegerlo. Y su familia, que vive del trabajo diario, hoy sobrevive sin el sueldo que le corresponde por derecho.

“La plata y los puestos van y vienen. La dignidad no. Espero que les sirva el puesto y el dinero del sueldo que nos quitaron.”

La denuncia está hecha. Ahora el Estado tiene la palabra.

Y como dice esta mujer: “Creo fielmente en Dios, y sé que la justicia divina existe… pero también confío en la otra justicia, la que debe actuar y hacerse cargo.”

 

DIARIO QHC

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