En Resistencia, muchas familias se manifestaron con extrema preocupación por la quita de derechos básicos a personas con discapacidad.
Hoy en la plaza 25 de Mayo de Resistencia se reclamó por la emergencia en discapacidad. Decenas de familias, prestadores, transportistas y profesionales del sector se concentraron con carteles, aplausos y con las indignación que provocan las políticas y declaraciones públicas desde Nación.
La manifestación coincidió con una jornada clave en el Congreso de la Nación, donde se intentaba debatir —entre otras cosas— la declaración de la emergencia en discapacidad, el presupuesto para salud y el financiamiento universitario.
“La situación es extrema. Estamos desfinanciados y al borde del colapso”, expresó con firmeza María Cecilia Pérez, titular de Casa Grande Chaco, en declaraciones a radio Libertad. Esta es una de las instituciones que brinda acompañamiento a personas con discapacidad en la provincia. “Desde los años 70 existe una ley, la 24.901, que garantiza el acceso gratuito a las prestaciones para quienes tienen certificado de discapacidad. Pero eso hoy está en peligro: las instituciones no pueden seguir sosteniendo sueldos, cargas sociales, infraestructura… Y los profesionales ya no pueden seguir cobrando lo que les pagan”, denunció.
La movilización fue federal: “En todo el país hoy se están reuniendo para exigir que no se abandone a las personas con discapacidad. Nosotros, desde Chaco, nos sumamos con una gran preocupación. Si esta ley no se aprueba, muchas instituciones desaparecerán y las familias van a tener que pagar por tratamientos, rehabilitaciones, medicamentos… Y el sistema público no está preparado para absorber esa demanda”, advirtió Pérez.
En ese contexto, Erika, madre de José Ignacio, un niño con discapacidad, compartió su testimonio cargado de angustia y coraje: “Mi hijo asiste a una institución donde tiene estimulación pedagógica, vínculos con otros chicos y también un transporte diario. Si no se declara la emergencia, le van a sacar todo: la institución, el transporte, los medicamentos. Esto busca invisibilizar a las personas con discapacidad. Y nosotros no lo vamos a permitir”.
Erika fue contundente: “Se paga una obra social. Se descuenta mes a mes. ¿Dónde están esos fondos? No vamos a encerrar a nuestros hijos en casa por culpa de un sistema que decide sacarles sus derechos”.
El reclamo fue también un llamado a la solidaridad entre familias: “Hay muchas madres que no pueden estar hoy acá porque tienen hijos postrados, en cama, y no los pueden dejar solos. Pero eso no quiere decir que no estén luchando. Hoy nos toca a nosotros, pero mañana le puede tocar a cualquiera”, concluyó.
NOTA EL DIARIO DE LA REGIÓN
