El organismo enfrenta presión inédita tras revelarse que China y Rusia buscan desplegar uno propio antes de 2030
“El primer país que logre instalar un reactor en la Luna podría declarar una zona de exclusión, lo que dificultaría considerablemente que Estados Unidos establezca la presencia planeada por Artemis si no llega antes”. Esta advertencia, incluida en una directiva interna de la NASA y revelada por el actual administrador interino, Sean Duffy, expone la dimensión estratégica de la nueva carrera lunar.
Según el documento, al que tuvo acceso CNBC, la agencia espacial estadounidense enfrenta una presión inédita: China y Rusia han anunciado su intención de desplegar un reactor nuclear en la superficie lunar hacia mediados de la década de 2030, con el objetivo de alimentar una base conjunta. En este contexto, la administración de Donald Trump ha ordenado a la NASA acelerar sus planes y adelantarse a sus rivales.
La instrucción de Duffy, fechada el 31 de julio, exige que la NASA esté lista para enviar un reactor nuclear a la Luna antes del cierre del primer trimestre del año fiscal 2030, lo que equivale a finales de 2029.
El documento, citado por CNBC, subraya la urgencia de la iniciativa: la agencia debe publicar una solicitud de propuestas a la industria en un plazo máximo de 60 días. El objetivo es claro: desplegar un sistema capaz de generar al menos 100 kilovatios de electricidad, suficiente para abastecer unas 80 viviendas estadounidenses.
Aunque esta cifra palidece frente a la capacidad de un reactor nuclear promedio en Estados Unidos —que puede alimentar a más de 700.000 hogares—, representa un salto tecnológico considerable para operaciones en el entorno lunar.
El programa, denominado Fission Surface Power, se apoyará en tecnología de microreactores. Sin embargo, según la directiva de Duffy, hasta la fecha ningún microreactor ha recibido licencia de la Comisión Reguladora Nuclear ni ha sido construido en territorio estadounidense.
La administración Trump, en un intento por remover obstáculos regulatorios, emitió en mayo una serie de órdenes ejecutivas para acelerar la comercialización de pequeños reactores nucleares. Esta decisión busca no solo fortalecer la posición de Estados Unidos en la exploración lunar, sino también impulsar una industria estratégica en el ámbito energético.
El despliegue del reactor requerirá un módulo de aterrizaje pesado con una capacidad de carga de 15 toneladas métricas. La elección de este tipo de vehículo responde a la necesidad de transportar tanto el reactor como los sistemas de soporte vital y protección necesarios para operar en la superficie lunar.
La directiva de Duffy enfatiza que la ventana de oportunidad es limitada: si China y Rusia logran instalar primero su reactor, podrían establecer restricciones de acceso que comprometerían la viabilidad del programa Artemis, la iniciativa de exploración lunar de la NASA anunciada en 2017.
El contexto político añade complejidad al desafío técnico. La NASA afronta recortes presupuestarios propuestos por la administración Trump y carece de un administrador confirmado por el Senado. El propio Duffy asumió el cargo de forma interina tras la retirada del candidato original de Trump, en medio de un enfrentamiento con el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk.
La carrera por instalar el primer reactor nuclear en la Luna se ha convertido en un asunto de seguridad nacional y de liderazgo tecnológico. La directiva de Duffy marca un punto de inflexión en la estrategia espacial estadounidense, al situar la competencia con China y Rusia en el centro de la agenda lunar.
