Se trata de la representante del Partido de Acción Nacional Boliviano, Ruth Nina, quien sostuvo que “el 17 de agosto no puede haber una elección sin la participación de “un candidato que el pueblo boliviano ha elegido”
El Gobierno de Bolivia pidió este lunes a los órganos Electoral y Judicial que se siente un “precedente” mediante una denuncia penal conjunta contra una aliada política del ex presidente Evo Morales que amenazó con que en los comicios generales de agosto se contarán “muertos” y no votos si el ex gobernante no es candidato.
El domingo, durante una reunión de los sectores afines a Morales (2006-2019), la representante del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Ruth Nina, sostuvo que “el 17 de agosto no puede haber una elección sin la participación de la clase popular”, ni sin “un candidato que el pueblo boliviano ha elegido, como es el hermano Evo Morales”.
“Ese día, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno, en vez de contar votos, va a contar muertos, eso va a pasar si atentan contra nuestras comunidades indígenas, si nos obligan a querer votar por aquellos (los candidatos de otros partidos)”, sostuvo Nina, cuyo partido tiene un acuerdo electoral con Morales.
Ante esto, el ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos, dijo a los medios que “esa es la verdadera cara del evismo”, es decir, de los seguidores del expresidente.
Ríos mencionó que durante la crisis postelectoral de 2019, Nina llamó “dictador” a Morales y cuestionó que ahora sea “una de las principales escuderas” del ex gobernante.
“Convocamos a otras instancias como el TSE, el Ministerio Público, el órgano Judicial para que, de manera conjunta, se siente un precedente y se denuncie a este tipo de personas que emiten estas declaraciones, no solo instigando públicamente a delinquir, sino también una serie de delitos electorales y terminando por el delito de terrorismo”, indicó.
Morales tenía la intención de inscribir su candidatura presidencial con la sigla de Pan-Bol, pero ese partido no está habilitado para las elecciones del 17 de agosto porque perdió su personalidad jurídica a principios de mayo, debido a que en los comicios de 2020 no alcanzó el 3% de los votos exigidos por la legislación boliviana.
Además, el ex presidente, que gobernó Bolivia en tres ocasiones, no tiene partido y no puede ser candidato por una disposición constitucional que señala que la reelección en el país es “por una única vez” y sin posibilidad de un tercer mandato.
En junio, los seguidores del ex gobernante bloquearon carreteras en algunas regiones durante dos semanas para forzar su candidatura, una protesta que se tornó violenta, con un saldo de cuatro policías y dos civiles fallecidos.
Los sectores afines al también ex líder del oficialismo han advertido varias veces con que impedirán la realización de las elecciones si no se permite la candidatura de Morales, lo que fue ratificado en el encuentro realizado el domingo en el que la representante de Pan-Bol hizo las declaraciones cuestionadas por el Gobierno.
También se pronunciaron parlamentarios opositores, como la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana (CC), quien denunció penalmente a Nina por los delitos de instigación pública a delinquir y amenazas, e indicó que ha solicitado la aprehensión de la dirigente para “evitar” que se concreten las amenazas de impedir las elecciones.
“Estas acciones ya deberían haberse realizado de oficio por parte del Ministerio Público, pero lamentablemente se busca seguir encubriendo a los delincuentes, abusivos y arbitrarios y es una situación que no vamos a dejar pasar por alto. La democracia se defiende y se respeta”, manifestó Nayar.
Nueve organizaciones políticas participan en las elecciones generales de agosto, en las que los bolivianos elegirán a su presidente, vicepresidente y renovarán al Parlamento nacional para el próximo quinquenio.
(Con información de EFE)
