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Crece el escándalo en el fútbol: la fiscal pide investigar a los 17 clubes allanados por lavado de dinero

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La resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pone fin a una investigación iniciada en 2011 por una denuncia del por entonces bloque de diputados de la Alianza Frente de Todos (UCR y aliados). El organismo que conduce Gustavo Leguizamón determinó que la adjudicación de salas de juego en Castelli fue válida y ajustada a derecho.
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Cecilia Incardona solicitó ampliar la investigación que apunta contra la financiera ligada a “Chiqui” Tapia. Además, ordenó analizar los movimientos financieros de las instituciones.

El escándalo que sacude al fútbol argentino sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que la fiscal Cecilia Incardona solicitara formalmente avanzar con la investigación por presunto lavado de dinero sobre los 17 clubes que fueron allanados en el marco de la causa que involucra a Sur Finanzas, la firma vinculada a Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.

El pedido fiscal se suma a los 35 operativos simultáneos realizados en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y múltiples instituciones deportivas, en una pesquisa que apunta a reconstruir un presunto circuito de blanqueo de fondos provenientes del juego clandestino y de operaciones sin respaldo fiscal.

El requerimiento de Incardona busca profundizar el análisis de la documentación secuestrada durante los allanamientos y determinar si los clubes allanados formaron parte de maniobras vinculadas a Sur Finanzas. La fiscal había solicitado días atrás el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todas las instituciones involucradas, y ahora pide avanzar de manera específica sobre cada una de ellas para establecer el rol que pudieron haber tenido en el circuito investigado.

La causa indaga si Sur Finanzas operó como vehículo para blanquear dinero en negro a través de acuerdos con clubes con problemas económicos. Según consta en el expediente, el esquema bajo sospecha se basaría en el otorgamiento de préstamos inflados: instituciones que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho más altas, lo que permitía convertir dinero ilegal en fondos declarados.

La diferencia regresaba a la financiera para luego ser distribuida entre actores políticos o municipales. Los investigadores apuntan a que estos movimientos podrían haberse canalizado también mediante derechos de televisación o ingresos de marketing.

Los 17 clubes sobre los que la fiscal pide avanzar son Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. Durante los allanamientos, la Policía Federal se llevó documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos para su análisis.

La Justicia investiga si Sur Finanzas funcionó como engranaje para blanquear dinero del juego clandestino a través de préstamos inflados a clubes con problemas económicos.

El foco judicial no se limita solo a las instituciones deportivas. La investigación avanza también sobre un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que habrían movido cifras multimillonarias a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas.

Informes de la DGI describieron a estos contribuyentes como “apócrifos”, señalando que sus declaraciones no guardan relación con los montos operados. Los movimientos detectados incluyen decenas de miles de millones de pesos en transferencias virtuales, millones en efectivo y operaciones asociadas directamente a la financiera investigada.

En paralelo, la Justicia dispuso embargos preventivos y medidas para preservar bienes de Vallejo y de personas de su entorno directo, además de comunicaciones a organismos registrales, al Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores para detectar activos y evitar maniobras de vaciamiento.

La semana pasada, Vallejos se presentó ante la fiscalía para entregar su celular, luego de haberse negado inicialmente.

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