La imagen pública de una institución dedicada a la protección y atención de las personas con discapacidad debe transmitir responsabilidad, compromiso y gestión eficaz. Sin embargo, en la provincia de Chaco, el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) atraviesa una situación crítica que pone en riesgo la calidad y continuidad de servicios esenciales. En ese contexto, las recientes vacaciones de la vicepresidenta del organismo, Mónica Morales, en playas brasileñas han generado un fuerte debate sobre prioridades, austeridad y responsabilidad institucional.
El contraste entre la crisis institucional y las imágenes de vacaciones Mientras el organismo enfrenta problemas estructurales y de recursos humanos, Morales publicó fotografías de unas vacaciones paradisíacas en Brasil. Las imágenes —comentadas y difundidas en redes— subrayan un contraste difícil de ignorar: por un lado, la administración enfrenta quejas y colapsos; por el otro, quienes ocupan cargos de conducción parecen gozar de lujos que chocan con la realidad de quienes dependen del servicio.
Contexto y causas de la crisis en el IPRODICH Para comprender la magnitud del problema es necesario detallar los factores que han llevado al instituto a una situación crítica:
- Falta de personal médico Actualmente, solo un médico atiende a toda la provincia. Esa situación es insostenible: la demanda supera ampliamente la oferta, y la posibilidad de que dicho profesional se tome una licencia dejaría al sistema prácticamente paralizado. Los turnos para nuevas consultas ya se están otorgando recién para el próximo año; en caso de ausencia prolongada, las citas podrían estirarse hasta julio de 2027, lo que ilustra una falla grave en la planificación y reemplazos.
- Sobrecarga laboral y remuneración A pesar de que el único médico en actividad percibe un salario elevado (se menciona un monto de aproximadamente 600.000 pesos), la sobrecarga de trabajo es evidente. La situación pone en cuestión no solo la distribución de recursos humanos, sino también la gestión administrativa: salarios por encima del promedio convivien con falta de personal suficiente y con colapso operativo.
- Demoras en la emisión y renovación de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) Durante 2025 se produjo el vencimiento de numerosos CUD, lo que multiplicó por tres la carga de trabajo de las Juntas Evaluadoras. La avalancha de expedientes y la demora en otorgar turnos para reevaluación han generado largas esperas para personas que requieren la certificación para acceder a prestaciones y derechos. Los tiempos de espera con meses de demora agravan la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan barreras sanitarias y sociales.
- Impacto sobre la cobertura de salud y prestaciones Ante la demora en las actualizaciones y la falta de certificados vigentes, el Instituto de Seguro Social (INSSSEP) debió intervenir para garantizar la continuidad de prestaciones a afiliados cuyos CUD estaban vencidos o en proceso de actualización. Esta intervención externa evidencia el riesgo real de interrupción de servicios de salud y la presión que la crisis genera sobre otros organismos.
Consecuencias prácticas para las personas con discapacidad Las fallas descritas no son meras cifras administrativas: tienen efectos concretos y profundos en la vida de las personas con discapacidad y sus familias.
- Demoras en el acceso a tratamientos, rehabilitaciones y prestaciones económicas.
- Pérdida de beneficios o incertidumbre ante el vencimiento de certificados.
- Mayor carga para los cuidadores y familias que deben gestionar trámites postergados o buscar alternativas privadas costosas.
- Riesgo de agravamiento de condiciones de salud por falta de atención oportuna.
Responsabilidad institucional y percepción pública Las imágenes de autoridades del instituto disfrutando de vacaciones ostentosas, en un momento donde la entidad enfrenta críticas por su ineficiencia, alimentan la percepción de desinterés o falta de compromiso con las responsabilidades públicas. Más allá de que el descanso personal de un funcionario sea legítimo, la comunicación y el comportamiento público de quienes ocupan cargos clave requieren especial cuidado cuando la institución atraviesa una crisis que afecta a población vulnerable.
Necesidad de medidas urgentes Frente a la magnitud de la crisis, se requieren acciones concretas e inmediatas a distintos niveles:
- Reinforzar el plantel médico: incorporar profesionales de manera urgente, establecer guardias de reemplazo y garantizar continuidad operativa ante licencias.
- Plan de contingencia para atención de CUD: priorizar casos urgentes, ampliar horarios de evaluación y sumar evaluadores para disminuir el retraso.
- Transparencia en la gestión: rendición de cuentas pública sobre la situación financiera y operativa del IPRODICH, incluyendo destino de recursos y remuneraciones.
- Coordinación interinstitucional: articular con el INSSSEP y otros organismos de salud para garantizar prestaciones mientras se normaliza la situación.
- Revisión de procesos y modernización administrativa: digitalización de trámites, simplificación de turnos y mayor eficiencia en la gestión documental.
Recomendaciones para la sociedad y la fiscalización La ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y representantes políticos tienen un rol clave en la defensa de derechos. Algunas acciones recomendables:
- Exigir informes públicos y plazos de resolución a las autoridades del IPRODICH.
- Promover auditorías administrativas y operativas para detectar cuellos de botella y posibles irregularidades.
- Movilizar apoyo a personas afectadas mediante redes de asistencia y acompañamiento en trámites.
- Impulsar debates parlamentarios y pedidos de informes si la situación no mejora rápidamente.
Conclusión La crisis que atraviesa el IPRODICH tiene efectos tangibles y urgentes sobre la salud y los derechos de las personas con discapacidad en Chaco. Las imágenes de la vicepresidenta Mónica Morales vacacionando en Brasil, más allá del carácter privado que pueda tener un descanso, enmarcan una discusión sobre prioridades públicas, transparencia y responsabilidad institucional. Es imprescindible que la gestión adopte medidas inmediatas para garantizar la continuidad de los servicios, refuerce recursos humanos y rinda cuentas ante la sociedad. El tiempo de espera para miles de personas no tolera demoras ni distracciones: la respuesta debe ser rápida, eficiente y respetuosa de la dignidad de quienes dependen del sistema.
