Según un documento incorporado a la causa judicial, al que tuvo acceso este medio, ninguno de 50 niños y adolescentes del pueblo Wichí que asistían al establecimiento educativo que el gobierno de Leandro Zdero decidió cerrar tiene asegurada su reubicación efectiva en otra institución, lo cual, estiman, es “una afectación actual al derecho a la educación”. El juez Flores solicitó informes al Ministerio de Educación y dictaría la sentencia del amparo este lunes 22.
Por Brian Pellegrini
Tal como lo adelantara LITIGIO en notas anteriores, 50 niños y adolescentes del pueblo Wichí se convirtieron en los “daños colaterales” de la persecución del gobierno de Leandro Zdero contra la Fundación Valdocco por su vinculación con el sacerdote y ahora diputado nacional kirchnerista por la provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Molina, y que el Ministerio de Educación del Chaco decidió clausurar argumentando supuestas irregularidades en la gestión de la unidad educativa privada con sede en la localidad chaqueña de General Vedia.
Según pudo saber este medio, en un informe de la Asesoría de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 5 incorporado a la causa se corrobora que ninguno de los casi 50 niños y adolescentes del pueblo Wichí que estudiaban y vivían en el establecimiento gestionado por la Fundación Valdocco tiene garantizada su continuidad educativa ni su reubicación en otra institución. Ese había sido uno de los argumentos centrales que pergeñaron los jueces oficialistas de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia, Diego Derewicki y Fernando Heñín, para revocar la medida cautelar dictada en primera instancia por el Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, a cargo del juez Julián Benito Flores.
Un informe alarmante: niños wichí sin “reubicación escolar efectiva”
Las entrevistas y evaluaciones técnicas con los niños y adolescentes y con el personal de la Fundación Valdocco fueron realizadas por equipos interdisciplinarios administrativos y judiciales y peritos intérpretes wichís y la Asesora de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 5, Gabriela Coleff, tuvo a su cargo el control de la legalidad del procedimiento. Según el relevamiento incorporado a la causa, se constató la presencia de 50 niños y adolescentes pertenecientes en su totalidad al pueblo Wichí, que poseen domicilios distantes, mayoritariamente en la región del Impenetrable.
La conclusión más alarmante del informe fue que “de la situación fáctica constatada no surge acreditada la reubicación escolar efectiva de los niños y adolescentes involucrados”. “Tampoco surge en el marco de este proceso las inscripciones formales de los mismos en establecimientos educativos ni asignación de escuelas de destino, lo que configura una afectación actual al derecho a la educación”, agrega.
En ese contexto, el documento revela que el Ministerio de Desarrollo Humano dispuso como medida excepcional que los jóvenes permanezcan en el lugar por un plazo de 90 días. Al respecto, el informe advierte que “dichas medidas no sustituyen ni suspenden la obligación estatal de garantizar el derecho a la educación”.
“La situación reviste especial gravedad atento a que se trata de niños y adolescentes pertenecientes al pueblo Wichí, por lo que el interés superior de los mismos no se satisface con soluciones meramente formales, sino que exige medidas efectivas, territorialmente adecuadas y culturalmente pertinentes”, señala el informe firmado por la asesora Coleff.
En ese sentido, solicitó al juez de la causa que se requiera al Ministerio de Educación que “informe y acredite la reubicación escolar efectiva e individual de cada niño y adolescente involucrado conforme sus circunstancias particulares”.
Sobre el final de su escrito, la asesora sintió la necesidad de aclarar que su solicitud no implicaba “convalidación del funcionamiento de instituciones educativas irregulares, sino el cumplimiento por parte del Estado de la obligación inmediata de garantizar el derecho vulnerado”.
Según trascendió en las últimas horas, el juez Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Benito Flores, dictará este lunes 22 de diciembre la sentencia definitiva en la acción de amparo por el caso Valdocco. La convocatoria es a las 10:50 horas, en avenida Laprida 33, Torre 2, en la sede del Juzgado Civil y Comercial Nº 21.
REVISTA LITIGIO
