El Superior Tribunal de Justicia del Chaco ordenó el traslado provisorio de Daniel Bittel, empleado que denunció violencia laboral contra el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez. La medida cautelar busca proteger sus derechos mientras se resuelve la causa. El fallo reconoce que el mal trato del funcionario hacia el empleado estatal encuadraría en los términos de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral en la Administración Pública Provincial.
El Superior Tribunal de Justicia del Chaco, por voto de mayoría, ordenó el traslado provisorio de Daniel Bittel, empleado estatal que denunció ser víctima de violencia laboral por parte de Fabio Vázquez, presidente del Instituto del Deporte Chaqueño. La medida se mantendrá vigente hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa.
La decisión judicial, a la que tuvo acceso LITIGIO, tiene fecha del 9 de septiembre y resuelve una medida cautelar en el marco de una acción de amparo presentada el 25 de agosto por el abogado de Bittel, Sebastián Ferreyra Negri.
En su presentación inicial, Bittel denunció atravesar un verdadero “calvario” dentro del organismo y solicitó medidas urgentes: su traslado inmediato al bloque del justicialismo en la Cámara de Diputados del Chaco, una prohibición de acercamiento de tres kilómetros para Vázquez y la remoción del funcionario de su cargo.
En el voto de mayoría, los jueces Víctor del Río, Iride Grillo y Emilia Valle consideraron que el traslado provisorio era una medida suficiente y que la prohibición de acercamiento no resultaba necesaria en este momento, dado que la separación física en el ámbito laboral ya estaba asegurada. A su vez, omitieron expedirse sobre el pedido de remoción del funcionario.
Los magistrados coincidieron con el Procurador General, Jorge Canteros, quien en su dictamen remarcó que la decisión sobre el lugar de destino del empleado es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. “Decidir en tal sentido implicaría usurpar competencias exclusivas, vulnerando el principio de separación de poderes”, indicaron.
“No obstante ello, sí resulta pertinente disponer medidas provisionales que garanticen la protección inmediata de derechos, como el traslado temporal a la dependencia que el Poder Ejecutivo estime pertinente”, aclararon.
La resolución se fundamenta en la “verosimilitud del derecho” invocado por Bittel. El tribunal consideró que las pruebas presentadas —incluyendo grabaciones de audio y certificados médicos— sugieren un “escenario de tensión y conflictividad en la relación con la máxima autoridad del organismo donde presta funciones”, que podría constituir violencia laboral, conforme a lo establecido en la Ley Provincial N.º 2023-A.
A pesar de que Bittel no inició el procedimiento administrativo ante la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención de la Violencia Laboral, el tribunal consideró que ello no impedía otorgarle protección. La medida de traslado provisional está prevista en las normas que regulan la erradicación de la violencia laboral en la Administración Pública.
Por su parte, los jueces Néstor Enrique Varela y Alberto Mario Modi votaron en disidencia y propusieron rechazar la acción de amparo. Argumentaron que las peticiones de Bittel exceden el marco de un amparo, ya que buscan sustituir decisiones que son competencia exclusiva de otros poderes del Estado, como el traslado de personal o la separación de funcionarios de alta jerarquía.
Para los jueces disidentes, los hechos de la causa presentan “alta complejidad fáctica y jurídica” y requieren un debate amplio con producción de pruebas, lo que no es compatible con el carácter sumario del amparo. Consideraron que el caso debería tramitarse mediante un proceso judicial ordinario.
La denuncia
Daniel Bittel, militante peronista e hijo de Raúl Bittel —expresidente del Instituto del Deporte Chaqueño—, denunció haber sido víctima de hostigamiento laboral que incluyó bloqueo de accesos al sistema de auditoría, denegatoria de traslados, vaciamiento funcional de su área y manipulación irregular de su legajo personal.
La denuncia, incorporada a la acción de amparo, se apoya en un informe pericial que confirma, con un 99,97 % de probabilidad, que una voz en una grabación de WhatsApp pertenece al presidente del Instituto, Fabio Vázquez. La evidencia fue certificada mediante acta de escribana pública.
En el audio, grabado por el propio Bittel el 21 de mayo, se escucha a Vázquez utilizando expresiones humillantes y agresivas. Allí el funcionario asegura que no autorizará su pase a la Cámara de Diputados del Chaco mientras no desista del reclamo de promoción que considera legítimo.
En el intercambio, Vázquez se jacta de su poder circunstancial y afirma que puede “cambiar la cuestión judicial” porque desde el gobierno provincial “no hacen nada sin consultar a fiscales y jueces”. Evocando la célebre frase atribuida al rey Luis XIV —“L’État, c’est moi”—, símbolo del absolutismo monárquico francés, agregó: “Siendo Estado, porque yo soy Estado hoy, no te voy a dar el traslado solicitado al bloque legislativo del Partido Justicialista mientras persistas con tu pedido de promoción”. De manera reiterada lo obliga a elegir entre una cosa u otra, lo que podría constituir una vulneración de sus derechos laborales.
Ante este panorama, Bittel advirtió que, como responsable del área, deberá brindar una explicación a los legisladores respecto de la denegatoria a la afectación solicitada. La respuesta de Vázquez fue categórica: “Que me chupen la pija los diputados. Así deciles, que yo dije. Y si querés grabar, grabame”.
Estas declaraciones generaron el repudio de la oposición en la Legislatura chaqueña y el silencio del oficialismo. “Cuando insulta a los legisladores con frases como ‘que me chupen la pija los diputados’, no solo agrede a quienes representamos al pueblo del Chaco: degrada la política, corroe la institucionalidad y exhibe el modelo de gobierno que hoy tenemos en la provincia”, expresó el legislador del Frente Chaqueño, Nicolás Slimel.
En el mismo sentido se pronunció su compañera de bancada, Mariela Quirós: “Un funcionario que, desde la soberbia más burda, plantea ‘Yo soy el Estado’ no solo es ridículo y chabacano: es peligroso. El Estado debe representarnos a todos; no puede ser el funcionario de turno que se sienta dueño del poder. Este autoritarismo de pacotilla desnuda lo que estamos enfrentando”.
Por su parte, la diputada del Frente Grande, Tere Cubells, consideró que “las expresiones de Vázquez son calumniosas e injuriosas contra la Cámara de Diputados, más aún viniendo de un funcionario que debe rendir cuentas. Fueron absolutamente misóginas, machistas y ofensivas”.
La legisladora pidió una cuestión de privilegio —herramienta parlamentaria que protege las prerrogativas de los legisladores y el decoro institucional— y solicitó que intervenga la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el marco de la Ley 524-E, para evaluar la responsabilidad institucional de Vázquez. “¿Cómo es posible tener funcionarios que se expresan con términos soeces y patriarcales hacia quienes integramos la Cámara de Diputados?”, cuestionó.
REvista Litigio
