Se trata de la toma del edificio donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón, que fue disuelto por la gestión del presidente Milei. Impulsarán la causa hasta lograr la condena, afirmó el comunicado del Poder Ejecutivo
La Justicia aceptó al Ministerio de Capital Humano como parte querellante en la causa que investiga la ocupación encabezada por el dirigente Juan Grabois en el edificio donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón, un inmueble de la Ciudad de Buenos Aires que fue escenario de una irrupción el 7 de junio de 2025. En esa fecha, un grupo estimado en unas setenta personas encabezadas por Grabois ingresó al edificio, ubicado en Austria 2593/2601, y reclamó la continuidad de la institución disuelta por el Gobierno.
La decisión judicial implica que Capital Humano ahora cuenta con plenas facultades para impulsar la investigación y promover la sanción de los responsables, de acuerdo con lo informado en un comunicado del Ministerio.
El episodio, ocurrido semanas después de la disolución del Instituto fue denunciado públicamente por funcionarios nacionales, quienes resaltaron el carácter violento de la toma. Según información oficial, el acceso al edificio se realizó tras la rotura de una puerta de blindex que comunicaba dependencias del ex instituto con el bar temático “Un Café con Perón”, diseñado como espacio cultural y gastronómico ligado a la memoria del expresidente, cuya gestión y futuro quedó bajo disputa tras el cierre de la entidad promovido por la administración nacional.
En el momento de la ocupación, los manifestantes —muchos identificados con movimientos sociales y organizaciones políticas críticas al gobierno— transmitieron la acción en directo a través de redes sociales, como fue el caso del propio Grabois. Además, la movilización contó con la participación y apoyo de los legisladores Itai Hagman y Natalia Zaracho, quienes acompañaron al dirigente durante el ingreso al inmueble. Los participantes manifestaron su intención de resistir el desalojo, defendiendo el carácter simbólico del lugar.
De acuerdo al comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, la resolución judicial firmada por el juez federal Sebastián Ramos reconoce que el área cumple con los requisitos previstos en los artículos 82 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación para ser considerada parte querellante en la investigación. Según el texto, esta decisión otorga al Ministerio “plenas facultades para impulsar el proceso hasta la condena de los responsables”, asegurando la posibilidad de accionar legalmente durante todas las etapas del procedimiento penal. La cartera conducida por Sandra Pettovello reiteró su denuncia de que Grabois no se limitó a asistir como simple acompañante en la toma, sino que asumió un “rol activo” junto a los parlamentarios que lo secundaron en la ocupación ilícita.
Juan Grabois detención
La causa judicial se instruye tras la denuncia presentada por el propio Ministerio de Capital Humano, que puntualizó en el comunicado que la ocupación supuso el ingreso forzado y la continuidad en el uso no autorizado del edificio, siendo además documentada públicamente a través de videos y publicaciones difundidas por los protagonistas. El Ejecutivo nacional calificó el hecho como una “violenta usurpación” del lugar, e indicó que el compromiso oficial es “ratificar la defensa del patrimonio público y el estricto cumplimiento de la ley”. El comunicado agrega que la cartera continuará “ejerciendo todas las acciones legales necesarias para que los responsables de estos hechos respondan ante la Justicia”.
El trasfondo del conflicto se remonta al cierre administrativo del Instituto Juan Domingo Perón, dispuesto por el gobierno de Milei en el marco de una serie de medidas que eliminaron fondos estatales para entidades consideradas innecesarias por el Ejecutivo. Tras esa decisión, la sede quedó en situación de disputa.
El reconocimiento del Estado nacional como parte querellante habilita al Ministerio de Capital Humano a intervenir activamente en la investigación. La representación oficial podrá proponer medidas de prueba, participar en las audiencias y solicitar la aplicación de penas en caso de que así lo determine el tribunal competente.
El comunicado del Poder Ejecutivo cierra reiterando su objetivo de garantizar que “los responsables de estos hechos respondan ante la Justicia”.
