La dirigente social, imputada como partícipe primaria del femicidio de Cecilia Strzyzowski, denunció que su esposo, Emerenciano Sena, y su hijo, César, son sometidos a requisas vejatorias y humillantes durante las visitas familiares en el penal. Asegura que personal del Comando de Operaciones Penitenciarias los obliga a desnudarse completamente sin control de cámaras y bajo amenazas. También reclamó por el agravamiento de sus propias condiciones de detención.
Marcela Acuña, imputada como partícipe primaria del femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski, denunció ante el Ministerio Público de la Defensa y el Comité contra la Tortura que su esposo, Emerenciano Sena, y su hijo, César, —también imputados por el crimen— son víctimas de apremios ilegales por parte del Comando de Operaciones Penitenciarias (COP) del Servicio Penitenciario del Chaco.
La denuncia señala que, en cada encuentro familiar autorizado, padre e hijo son obligados a desnudarse completamente frente a personal femenino y masculino, en revisiones que se realizan sin supervisión de cámaras y que pueden extenderse hasta veinte minutos.
Estos procedimientos se llevarían a cabo cada quince días, en el marco de los encuentros con Acuña, quien es trasladada desde la Alcaidía de Mujeres a la Unidad Penitenciaria de Varones. En su presentación, la dirigente social también advirtió sobre el agravamiento de sus propias condiciones de detención: se le impide continuar con sus estudios y participar de actividades dentro del penal.
“Fui testigo de cómo personal masculino del COP violentaba a mi familia con palabras injuriantes y de forma corporal, haciéndoles desnudar completamente, en un espacio previo a donde yo estaba, ante las miradas de todos, incluidas las femeninas que me habían trasladado hasta la penitenciaría”, detalló Acuña en su denuncia, publicada por el portal Y Qué Noticias.
También cuestionó el rol del COP en estas prácticas, señalando que su función debe limitarse al traslado de detenidos y no a tareas de requisa. “No era la primera vez que el COP y determinados penitenciarios de ese equipo especial (masculino), agredían y humillaban a mi familia, en particular a Emerenciano, ya sea con lenguaje injuriante; o desnudándolo completamente, en un espacio en el que no hay cámaras”, detalló.
Además, la detenida afirmó que los tratos incluyen violencia verbal, empujones, golpes y amenazas, configurando un patrón de hostigamiento que vulnera derechos básicos y afecta psicológicamente a toda la familia. En este sentido, pidió a las autoridades judiciales que cesen los “actos represivos” y se garantice el derecho a la revinculación familiar sin maltratos.
Finalmente, la presentación reclama condiciones mínimas de dignidad en la detención: alimentos en buen estado, elementos de higiene y la restitución del acceso a comunicaciones y peticiones que —según Acuña— no llegan a destino. También solicitó que se le permita continuar con sus estudios de lengua Qom y participar de actividades educativas en la unidad donde está alojada.
Imputados y el proceso
La causa por el femicidio de Cecilia tiene como principal acusado a César Sena, imputado por homicidio doblemente agravado: por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como partícipes primarios. Completan la lista de imputados Fabiana González, José Obregón, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, acusados de encubrimiento agravado.
Cecilia fue vista con vida por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa del matrimonio Sena junto a su pareja, César Sena, luego de haber pasado la noche en un motel céntrico. Minutos antes, Emerenciano y Acuña habían salido de la vivienda para supervisar obras de su movimiento social. Cecilia no volvió a salir con vida.
El proceso judicial se encuentra en la etapa de audiencias preliminares, con el ofrecimiento de pruebas, donde el material reunido por la fiscalía será evaluado y eventualmente admitido por la jueza técnica, Dolly Fernández, para ser exhibido al jurado popular que intervendrá en el juicio.
Tras el receso judicial, que finalizará este viernes, el Equipo Fiscal Especial concluirá con la presentación de la totalidad del caudal probatorio así como de los testigos que ofrecerá y comenzaría la etapa de oposiciones y el ofrecimiento de las pruebas por parte de las defensas.
Cabe recordar que la Ley 7661 de Juicio Penal por Jurados de la provincia del Chaco establece en sus artículos 27 y 28 los criterios y procedimientos para la admisión y revisión de pruebas durante la etapa preliminar. Según el artículo 27, solo podrán ser admitidos aquellos medios de prueba que guarden relación directa o indirecta con el hecho punible investigado.
Además, la jueza técnica podrá limitar pruebas superabundantes o prescindir de algunas cuando el hecho sea notorio y exista acuerdo entre las partes. Las pruebas referidas a circunstancias relevantes para la eventual pena se tratarán en la audiencia de cesura posterior al juicio.
