El Ejecutivo cifró en más de 15.000 millones de dólares el perjuicio económico por irregularidades durante los últimos veinte años y advirtió que presentará denuncias formales si encuentra responsables
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comunicó este miércoles que comenzó un proceso de revisión y desmontaje de lo que describió como una red de corrupción estructural instalada durante las dos décadas de mando del Movimiento al Socialismo (MAS).
Según el mandatario, los primeros días al frente del Ejecutivo han expuesto cuentas sin registrar, compras infladas y pérdidas millonarias en diversas áreas de la Administración pública.
Paz, quien asumió la presidencia el pasado 8 de noviembre, señaló en publicaciones en X que “poner la casa en orden” implica desmantelar prácticas instaladas durante casi dos décadas de gobiernos encabezados por Evo Morales y Luis Arce.
De acuerdo con sus declaraciones, los equipos de auditoría han hallado “pruebas suficientes” para presentar denuncias formales y abrir investigaciones en distintas entidades del Estado boliviano.
El mandatario puntualizó la magnitud del desfalco que atribuye al período anterior.
“Los informes parciales muestran un daño económico que supera los 15.000 millones de dólares”, dijo.
Entre los primeros hallazgos figura la adquisición de radares destinados al control del espacio aéreo, comprados en 2016 por 420 millones de dólares.
Paz sostuvo que este equipamiento no ha funcionado adecuadamente desde su instalación y que el caso es objeto de análisis técnico y jurídico.
Los ministros del gabinete encontraron despachos sin documentación y balances incompletos en sectores clave, según confirmó el titular de Economía, José Gabriel Espinoza.
Junto al ministro de Gobierno, Marco Oviedo, denunció la ausencia de respaldos oficiales para varias operaciones financieras y la falta de archivos históricos en los ministerios bajo revisión.
Paz subrayó que en todos los niveles de la administración, desde empresas públicas como la distribuidora de alimentos Emapa hasta Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), han surgido señales de irregularidades.
El presidente también identificó una trama de corrupción en las áreas vinculadas al sector energético, con el Ministerio de Hidrocarburos, la estatal YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) bajo la lupa por su posible relación con el continuo desabastecimiento de combustibles que afecta al país.
“Nos entregaron una administración devastada”, afirmó Paz.
El presidente y sus ministros atribuyen la actual falta de reservas de dólares y los problemas productivos a la política de subsidios generalizados y a una estructura estatal que definieron como “burocrática” y plagada de gastos no justificados.
Entre las medidas anunciadas destaca una política orientada a reducir gastos superfluos y revisar subsidios, que en su opinión fomentaron distorsiones y corrupción interna.
El impacto de la crisis se refleja en el desabastecimiento, en la caída de indicadores económicos y en el reciente repunte del riesgo país. No obstante, datos del banco JP Morgan citados por el gobierno muestran que el riesgo país de Bolivia disminuyó en los últimos días y rompió la barrera de los 1.000 puntos, ubicándose en 930, el nivel más bajo desde julio de 2023. Funcionarios ven en este repunte un primer síntoma de confianza en la nueva gestión, aunque advierten que revertir la situación fiscal será gradual.
Entre las primeras acciones, el gobierno ya emprendió auditorías en empresas como Emapa y anunció la revisión integral de contratos en sectores estratégicos.
“Estamos haciendo una autopsia para que venga el nuevo Estado que esté al servicio de la patria”, manifestó Paz en conferencia de prensa, anticipando que los resultados irán acompañados de denuncias penales si se detectan responsabilidades.
El presidente reafirmó que su administración priorizará la eficiencia y la meritocracia. Las investigaciones sobre documentos faltantes, informes de compras y operaciones financieras continúan en desarrollo, mientras los equipos técnicos se preparan para ofrecer los primeros informes públicos sobre el alcance del proceso de revisión.
(Con información de EFE)
