Naciones Unidas aprobó la creación de una comisión independiente para recopilar pruebas de violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen talibán, tras denuncias de opresión sistemática contra mujeres y niñas desde 2021
Las autoridades instaladas por el régimen talibán tras hacerse con el control de Afganistán en agosto de 2021 han mermado los derechos de las mujeres y las niñas en el país centroasiático con la aplicación de numerosas restricciones a sus derechos y libertades, como su exclusión de la vida pública, con motivo de la aplicación de su versión rigorista del islam, lo que las ha situado como las principales víctimas de una “opresión institucionalizada”.
La oleada de directrices impuestas por los fundamentalistas han despojado a las mujeres y las niñas de sus derechos y su dignidad. “Con cada restricción, se ven cada vez más excluidas de la vida pública, y más cerca de ser eliminadas por completo”, denunció ONU Mujeres en el cuarto aniversario de su llegada al poder.
“Estas restricciones no son temporales, ninguna se ha revertido. La crisis de derechos de las mujeres más grave del mundo se está normalizando”, avisó entonces, recordando que la situación de los derechos de las mujeres en Afganistán han convertido al país en el segundo con mayor brecha de género del mundo, solo superado por Yemen.
Procesos en curso por violaciones de DDHH
Mediante decretos, les han privado de los derechos a la educación, privacidad y vida familiar, así como a la libertad de circulación, expresión, pensamiento, conciencia y religión. “Otras personas han sido atacadas porque ciertas expresiones de sexualidad o identidad de género se consideran incompatibles con la política talibán en materia de género”, dijo el Tribunal Penal Internacional (TPI) cuando en julio emitió órdenes de arresto contra los líderes talibán por crímenes de lesa humanidad cometidos contra mujeres.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado esta semana una resolución presentada por Dinamarca en nombre de la Unión Europea para la creación de una comisión independiente con el objetivo de recopilar pruebas sobre las violaciones del Derecho Internacional en Afganistán.
El enviado especial de la ONU para los Derechos Humanos en este país, Richard Bennet, que tiene prohibida la entrada por “difundir propaganda” contra las autoridades, ha considerado que el establecimiento de este nuevo mecanismo “marca un hito importante en la búsqueda de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas para el pueblo afgano”. “Esta decisión es un testimonio de valentía y perseverancia de las víctimas, supervivientes y la sociedad civil afgana, cuya incansable defensa ha hecho posible este momento”, ha aplaudido.
Audiencias en Madrid para recopilar pruebas
Además, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), creado en 1979 a iniciativa de la sociedad civil, ha mantenido varias sesiones en Madrid para denunciar a los principales líderes talibán por la persecución de las mujeres y niñas en territorio afgano. La iniciativa, impulsada por cuatro organizaciones de la sociedad civil afgana, espera que las conclusiones, que no son jurídicamente vinculantes, sirvan de base para futuros procesos.
Este tribunal popular ha escuchado los testimonios de mujeres afganas, defensoras de Derechos Humanos y expertos, que han documentado diferentes abusos por parte de los fundamentalistas desde 2021, incluidas desapariciones forzadas, persecución por motivos de género y tortura. Su objetivo es crear un registro legal público de la “opresión institucionalizada”.
La directora de la ONG afgana Organización para la Investigación de Políticas y el Estudio del Desarrollo (DROPS), Mariam Safi, ha explicado que tras cuatro años de trabajo se dieron cuenta de que, a pesar de “algunos logros” como las órdenes de arresto del TPI, “estos procesos, que son muy importantes, son a muy largo plazo”. “Llevan años y años. Y, en Afganistán, los talibán están anunciado mayores restricciones (…) y sentíamos que teníamos que hacer algo”.
“El objetivo del tribunal es crear conciencia, exigir responsabilidades a los talibán y romper el ciclo de impunidad. El tribunal popular es simbólico, lo sabemos. Pero las pruebas recopiladas y presentadas en estos tres días constituyen un conjunto increíble de pruebas y documentación que ayudarán (…) a todos los mecanismos existentes”, ha explicado en declaraciones a Europa Press.
Asimismo, ha defendido que otro de sus fines era “fortalecer” su labor de defensa como activistas, a través de la creatividad y nuevos enfoques, ya que “durante los últimos cuatro años y medio la comunidad internacional ha ignorado la situación en Afganistán”, a pesar de que “no escatimaron esfuerzos” que, ha lamentado, “no iban a ninguna parte”.
No obstante, ha celebrado que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU haya decidido iniciar la mencionada investigación independiente, que ha descrito como “una buena noticia después de tanto tiempo”. “No fue fácil”, ha reconocido, antes de incidir en los esfuerzos de los últimos años de la sociedad civil afgana en Ginebra.
Safi ha explicado que las sesiones del TPP comenzaron porque decidieron presentar el caso, ya que como sociedad civil tenía “una responsabilidad para hacer todo lo posible”. “Y esto está en nuestras manos”, ha remarcado, antes de destacar que se ha celebrado en Madrid porque España ha sido “un aliado cercano a la sociedad civil durante muchos, muchos años” y por su disposición ante casos de “apartheid de género”, un término utilizado también esta semana en una resolución crítica del Parlamento Europeo.
La activista ha insistido en que, más allá de los tribunales y el activismo, la comunidad internacional “necesita respetar” el Derecho Internacional y sus propios principios sobre valores democráticos. “La comunidad internacional tiene una responsabilidad hacia Afganistán y su pueblo, asegurar que tenemos un Afganistán pacífico y estable significa que tenemos una región pacífica y estable, y nos aseguramos que nunca se use como plataforma para organizaciones terroristas para atacar a otros. Es una cuestión de seguridad global”, ha manifestado.
Kabul se aleja del aislamiento internacional
A pesar de que desde un principio se han visto aislados internacionalmente por su historial en materia de Derechos Humanos, en particular hacia las mujeres, en los últimos meses, Rusia certificó el reconocimiento de los talibán con la llegada de un nuevo embajador a Moscú y el Gobierno de Alemania permitió la entrada al país de diplomáticos afganos por primera vez desde que retomaron el poder, a pesar de que no mantiene relaciones oficiales.
De hecho, las propias autoridades afganas han confirmado recientemente conversaciones con Estados Unidos para reabrir sus respectivas embajadas en Washington y Kabul, si bien una de las primeras señales de acercamiento tuvo lugar hace unas semanas cuando el Ministerio de Exteriores de Afganistán recibió a un enviado especial de la Casa Blanca, Adam Boehler, para negociar la liberación de un ciudadano estadounidense.
En este contexto, Safi ha criticado que algunos países hayan comenzado el proceso de normalización de las relaciones bilaterales con Afganistán desde que los talibán gobiernan: “Es un gran error. Obviamente no estamos contentos”. Así, ha instado a la comunidad internacional a utilizar su “influencia” para presionar a las autoridades afganas para que reviertan sus restricciones.
“Los talibán quieren reconocimiento internacional. No se les puede dar sin quitarles algo: restablecer los derechos de las mujeres, la educación, el empleo y la movilidad. Básicamente, son derechos fundamentales. Luego, se puede debatir la posibilidad del reconocimiento, (pero) sin eso no se puede reconocer”, ha concluido.
(con información de AP)
