El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este lunes que el dispositivo de seguridad del senador y candidato presidencial Miguel Uribe “fue disminuido extrañamente” antes de ser baleado el sábado en un atentado en Bogotá.
El dirigente del opositor Centro Democrático, el principal partido de derecha del país, recibió tres impactos de bala durante un evento de campaña en la capital colombiana. Está en cuidados intensivos con pronóstico reservado.
Petro aseguró que el número de escoltas fue reducido “el día del atentado”. Pasó de “7 a 3 personas” previo al ataque, dijo en la red social X. En Colombia la seguridad de políticos de alto perfil o personas amenazadas está a cargo de una entidad oficial llamada Unidad Nacional de Protección (UNP).
Denuncia penal por falta de protección
El abogado de Uribe dijo este lunes que presentó una denuncia penal contra el director de la UNP. Según afirmó, este año hizo más de 20 solicitudes para reforzar el esquema de seguridad de su cliente, pero supuestamente no fueron escuchadas.
El jurista pidió a la fiscalía abrir una investigación que “establezca si por omisión el Estado dejó en indefensión” a Uribe.
Sin embargo, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, dijo a periodistas que Uribe tenía un esquema de seguridad igual al de otros congresistas: siete escoltas y dos automóviles blindados. En una rueda de prensa para brindar avances de la investigación, no mencionó que el dispositivo hubiera sido reducido.
Un adolescente de 15 años fue capturado por los guardaespaldas de Uribe como sospechoso de intentar asesinar al aspirante presidencial para las elecciones de 2026. En videos de cámaras de seguridad se ve que lo persiguen una decena de personas.
Uribe recibió dos proyectiles en la cabeza y otro en la rodilla, según los paramédicos. El político de 39 años pasó por una primera cirugía la madrugada del domingo.
La clínica Fundación Santa Fe de Bogotá informó el lunes que Uribe “ha tenido una escasa respuesta a las intervenciones y los manejos médicos realizados”. Su situación reviste de la máxima gravedad.
La fiscal general aseguró el lunes que el menor capturado podría pasar hasta ocho años privado de libertad si es hallado culpable, aunque no en una cárcel común debido a su edad.
Una de las hipótesis es que fue contratado por una “red sicarial” que busca a menores de edad para ejecutar “conductas tan graves como” el atentado contra Uribe. Las autoridades aún buscan a los autores intelectuales del hecho. Uribe no denunció sufrir amenazas de muerte ante la fiscalía, según Camargo.
