Un grupo de acreedores encabezado por Aurelius Capital reactivó un reclamo judicial por incumplimientos en la causa “Cupón PBI” que investiga distorsiones en las estadísticas oficiales que afectaron el pago de la deuda.
Un grupo de inversores liderado por el fondo Aurelius Capital presentó en los tribunales de Nueva York una nueva demanda contra la Argentina por la manipulación de estadísticas durante el gobierno de Cristina Kirchner, en una causa conocida como “Cupón PBI”, y por la que busca cobrar unos US$1300 millones más intereses.
La presentación judicial reactiva un reclamo por el impago de los cupones PBI correspondientes al año de referencia 2013. El caso se había sido iniciado en 2024 y luego retirado, a la espera de que quedara firme la apelación del litigio original presentado en 2019, un proceso que ya concluyó.
La acción judicial sostiene que existen fallos definitivos y no apelables dictados en el Reino Unido que resultaron adversos al Estado argentino y que, según los demandantes, deberían ser considerados vinculantes por la Justicia estadounidense. Ese argumento aparece como uno de los ejes centrales de la nueva ofensiva legal del fondo.
El conflicto gira en torno a los bonos atados al crecimiento económico emitidos por la Argentina en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Esos instrumentos preveían pagos adicionales si el Producto Bruto Interno superaba determinados umbrales. De acuerdo con la posición de los acreedores, esos pagos no se efectuaron pese a que se habrían cumplido las condiciones previstas para el año de referencia 2013.
El reclamo económico asciende a unos US$1300 millones más intereses, que suman otros US$1300 millones. Ese monto es el que los inversores buscan recuperar a través de la vía judicial, luego de más de una década de controversias.
El argumento de fondo apunta al cambio en la metodología de medición del PBI aplicado por el Indec en ese período. Aurelius y los otros demandantes sostienen que la modificación del año base (2013) para medir precios constantes alteró el cálculo del crecimiento real de la economía.
En presentaciones anteriores ante la Justicia, esos fondos afirmaron que no hubo un cambio real de magnitud en la actividad, sino una variación en el criterio estadístico utilizado para medirla.
Para los demandantes, ese ajuste metodológico tuvo un impacto directo sobre el resultado que determinaba si correspondía o no pagar los cupones. La Argentina siempre rechazó esas acusaciones y defendió la validez del cambio estadístico aplicado por el organismo oficial.
La causa quedó nuevamente bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, una magistrada ampliamente conocida por el Estado argentino. Preska es la jueza que lleva adelante otros litigios de alto impacto contra el país, entre ellos el juicio por la expropiación de YPF.
Cupón PBI: una causa de más de una década
El recorrido judicial del caso por la supuesta manipulación de estadísticas públicas lleva casi una década. Aurelius inició la primera demanda vinculada al “Cupón PBI” en 2019.
En septiembre de 2024, la Cámara de Apelaciones de Nueva York falló a favor de la Argentina, lo que llevó al fondo a corregir aspectos procesales y a presentar nuevas acciones. Algunas de esas presentaciones fueron rechazadas en primera instancia por cuestiones formales, mientras que otras quedaron en suspenso.
La demanda presentada ahora en Nueva York retoma un reclamo que había sido ingresado hace dos años y que se había retirado de manera provisoria hasta que quedara cerrada la instancia de apelación del expediente original. Con ese capítulo concluido, los demandantes volvieron a insistir ante los tribunales neoyorquinos.
En esta nueva etapa, el foco está puesto en las decisiones judiciales adoptadas en el Reino Unido, donde el país enfrenta una condena por más de US$1500 millones.
Según el planteo que Aurelius y otros fondos presentaron en Nueva York, en 2024 los tribunales británicos dictaron sentencias definitivas e inapelables contrarias a la Argentina, que aún no habrían sido cumplidas.
Para Aurelius, esos fallos deberían tener efecto vinculante en Estados Unidos y reforzar su posición en ese foro.
De acuerdo con especialistas que siguen el caso, los inversores ya avanzaron con acciones de ejecución en tribunales estadounidenses con el objetivo de forzar el cobro o abrir una negociación. Mientras tanto, los intereses seguirían acumulándose sobre el monto original reclamado.
Aurelius Capital es un actor conocido en la historia del default argentino. Fue uno de los fondos que litigaron durante años contra el país y que finalmente alcanzaron un acuerdo durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2016. Sin embargo, tras ese arreglo, el fondo decidió continuar con acciones específicas vinculadas a la causa Cupón PBI.
