La acusación ampliada, presentada por fiscales federales, incorpora una norma de 1994 invocada contra ocho personas identificadas por Reuters y suma este delito a las imputaciones previas por narcotráfico en su contra
Nicolás Maduro se convirtió en uno de los pocos imputados en la historia de Estados Unidos acusados de violar una ley federal que castiga actos de tortura cometidos fuera del país, según una revisión de registros judiciales realizada por Reuters. El expediente se suma a los cargos de narcotráfico que ya pesaban sobre el ex dictador venezolano y marca un giro en la estrategia de los fiscales que buscan ampliar el caso en su contra.
Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 70, se declararon no culpables la semana pasada ante una acusación ampliada que los señala de conspirar para torturar a opositores políticos con el fin de mantenerse en el poder. El juicio está previsto para junio de 2027.
Maduro y Flores, capturados en enero durante un operativo militar estadounidense en Caracas ordenado por el presidente Donald Trump, son la séptima y octava persona identificada por Reuters en haber sido acusada de violar una ley de 1994 que criminaliza los actos de tortura. La norma define la tortura como un acto destinado a infligir dolor físico o mental severo a una persona bajo custodia.
Solo cuatro personas han sido condenadas bajo ese estatuto hasta ahora: integrantes de fuerzas paramilitares de Liberia y Gambia, el jefe de una prisión siria durante el régimen del derrocado Bashar al-Assad, y un ciudadano estadounidense que desarrolló una fábrica ilegal de armas en Irak.
El caso de Maduro representa la primera vez que Estados Unidos procesa a un jefe de Estado por presuntamente autorizar el uso de la tortura en su propio país, según Michel Paradis, socio del estudio jurídico Steptoe, quien antes representó a detenidos en la base naval de Guantánamo. “Este realmente es un caso histórico”, afirmó Paradis.
Los cargos por tortura implican un cambio sustancial en el eje del proceso. Mientras Maduro y Flores siguen acusados de abusar del poder para beneficiar a narcotraficantes y enriquecerse, las nuevas imputaciones colocan en el centro del juicio los presuntos abusos a los derechos humanos ocurridos durante los 13 años de gobierno de Maduro.
Por qué los fiscales sumaron el cargo de tortura
El cargo de tortura podría fortalecer la posición de la fiscalía al permitirle construir un relato más amplio sobre cómo Maduro habría recurrido a distintos delitos para mantenerse en el poder, además de habilitar el llamado a testigos considerados más creíbles ante un jurado, según expertos legales consultados por la agencia.
“El cargo de tortura es realmente una escalada significativa”, sostuvo Artie McConnell, ex fiscal federal especializado en seguridad nacional. “Coloca estos elementos de tortura y represión política en el centro de la teoría del Gobierno”, agregó, en referencia a la fiscalía.
Los abogados de Maduro no respondieron a los pedidos de comentario de Reuters. En tanto, Mark Donnelly y Andres Sanchez, defensores de Flores, señalaron que ella es “completamente inocente” de todos los cargos y anticiparon que revisarán una moción previa para desestimar la acusación con base en la inmunidad soberana, en función de las nuevas imputaciones. Un vocero de la fiscalía federal de Manhattan, encargada del caso, declinó hacer comentarios.
La ley de 1994 fue aprobada por el Congreso estadounidense para cumplir con las obligaciones asumidas por el país bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, firmada durante el gobierno de Ronald Reagan. Cada cargo de tortura prevé penas de hasta 20 años de prisión, o cadena perpetua e incluso pena de muerte si la víctima muere a causa de la tortura. Quienes resultaron condenados bajo este estatuto recibieron sentencias de entre 60 y 97 años de cárcel.
Maduro y Flores no son elegibles para la pena de muerte porque están acusados de conspiración para torturar, no de haber cometido los actos de tortura de manera directa. La ley estadounidense solo permite presentar cargos de tortura contra ciudadanos del país o contra personas que se encuentren físicamente en territorio estadounidense, condición que se cumplió una vez que ambos fueron trasladados a Nueva York tras el operativo en Caracas.
Testigos clave y un incidente de 2018 en el expediente
McConnell indicó que la nueva acusación es más detallada que la anterior, con descripciones específicas de presuntas víctimas e incidentes. Uno de los episodios citados en el expediente ocurrió en 2018, cuando, según los fiscales, oficiales militares venezolanos golpearon a un detenido con un machete y lo rociaron con un irritante químico mientras lo interrogaban sobre el paradero de un opositor de Maduro.
El testimonio de las presuntas víctimas de tortura podría resultar contundente ante el jurado, estimó Shane Stansbury, también exfiscal federal en Manhattan. Tres de las víctimas mencionadas en la acusación son ciudadanos estadounidenses, lo que, según McConnell, podría generar un impacto particular entre los miembros del jurado.
Un juicio centrado únicamente en los cargos de narcotráfico habría dependido en gran medida de testigos cooperantes que pudieron haber participado en los propios delitos investigados, un perfil que suele ser cuestionado con dureza por las defensas durante los contrainterrogatorios. Aun así, ese tipo de testigos seguirá siendo determinante para vincular a Maduro y Flores con los hechos de tortura, coincidieron los expertos consultados.
Kevin Sullivan, fiscal de la oficina federal de Manhattan, afirmó en una audiencia judicial realizada el 8 de octubre que testigos cooperantes declararán sobre la presunta participación de Maduro y Flores en la conspiración para torturar opositores.
Antecedentes: condenas, absoluciones y un caso similar en Tennessee
No todos los procesos por tortura impulsados por Estados Unidos terminaron en condena. Sulejman Mujagic, residente del norte del estado de Nueva York, fue acusado en 2012 de torturar a un soldado tras la disolución de la ex Yugoslavia, pero finalmente fue extraditado a Bosnia para ser juzgado allí en 2013.
Otro acusado por presuntos hechos de tortura en Bosnia, Sead Miljkovic, fue declarado no culpable por un jurado en Chattanooga, Tennessee, en 2025, aunque luego se declaró culpable de fraude de pasaporte. Desde entonces abandonó el país, según su abogado, Bryan Hoss.
Hoss explicó que los relatos de las presuntas víctimas que declararon en ese juicio variaron con el tiempo, lo que debilitó su credibilidad, y sostuvo que los abusos atribuidos a su cliente no alcanzaban el umbral legal de la tortura. El abogado también señaló que el jurado pudo haberse preguntado por qué el Gobierno estadounidense impulsaba ese caso en particular.
En el juicio contra Maduro, ese tipo de dudas podría no repetirse entre los jurados. “El hecho de que estos cargos se presenten contra el expresidente de un país permite a la gente entenderlo un poco mejor”, concluyó Hoss.
